Desde que empezó la guerra de Rusia contra Ucrania el 24 de febrero de 2022 la libertad de prensa en la región está en peligro constante. Las nuevas leyes, los asesinatos de periodistas, el acoso y restricciones a los medios hacen que el periodismo sea una profesión de alto riesgo en ambos países.
El Comité de ministros del Consejo de Europa para la protección y seguridad de los periodistas y otros medios dijo al respecto ya en 2016 que “es alarmante e inaceptable que los periodistas y otros actores de los medios en Europa están siendo cada vez más amenazados, acosados, sometidos a vigilancia continua, intimidados, privados arbitrariamente de su libertad, agredidos físicamente, torturados e incluso asesinados a causa de su trabajo de investigación, sus opiniones o reportajes”.
Desde entonces, la situación no ha mejorado. En zonas donde hay un conflicto abierto los periodistas ejercen su profesión en peligro constante, siendo objetivos de los gobiernos para que no puedan influenciar en la opinión pública o descubrir algunas de sus acciones militares.
El Consejo de Europa ha instado en varios ocasiones a los gobiernos europeos a “mostrar una mayor voluntad política para proteger la libertad de prensa” y algunos de ellos han adoptado medidas para mejorar la situación, pero no parecen ser suficiente.
El año pasado, en 2021 el Comité de ministros del Consejo de Europa instauró un nuevo plan que endurecía los requisitos legales para proteger la libertad de prensa. Esta nueva iniciativa se centró en 3 aspectos fundamentales: el impacto de la desinformación, los tratos abusivos hacia los periodistas y el potencial efecto negativo de la inteligencia artificial.
A la luz de lo que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia es importante destacar que ya en otras zonas de guerra o en países con regímenes no democráticos los periodistas se han convertido en “targets”. Un ejemplo claro es Méjico, donde decenas de reporteros han muerto por hablar de la situación en su país.
El secretario general del Consejo de Europa ya señaló en un informe de 2021 que si la libertad de prensa está en riesgo es debido a que hay un “claro y preocupante grado de retroceso democrático”.
En estos países iliberales no solo acosan a la prensa para protegerse de su escrutinio, sino que directamente rechazan el periodismo como requisito para la democracia. Los periodistas son tildados de “traidores” o “enemigos del pueblo”, convirtiéndose en un problema de seguridad nacional para el país, como excusa para su discriminación, acoso y asesinato en algunos casos.
Pero, no solo en tiempos de guerra es cuando los periodistas tienen problemas para ejercer su profesión, sino también en tiempos de tensión como ha sido durante la pandemia del Covid-19. En los últimos dos años algunos gobiernos han utilizado la pandemia para imponer medidas que restringen el acceso de los medios y libertad para informar, tratando al periodismo independiente como un lastre en la lucha frente a una emergencia sanitaria. Aducían que los medios no daban información fiable y precisa, sino que confundían a la población.
El Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa dio una declaración a favor del periodismo señalando que “los periodistas, más aún en tiempos de crisis como en actual, son quienes nos proporcionan una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición para tomar decisiones para nuestra vida: información confiable”.
El Consejo del secretario general de Europa, señalo que “es hora de recordar a los estados que tienen la obligación de garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo libres de violencia e intimidación y sean capaces de cumplir su función de vigilancia pública, que incluye hacer responsables de sus acciones y decisiones a las autoridades gubernamentales. Hoy más que nunca tenemos el deber de asegurar las 3 “P”: Prevención, Protección y Enjuiciamiento (Prosecution), para que los periodistas tengan garantizado su trabajo sin coacciones de nadie”.
Uno de los aspectos que puede preocupar más a los periodistas, aparte de las amenazas virtuales o ataques físicos son las acciones legales en su contra. En muchos casos, cuando alguna organización cree que el trabajo de un medio o un periodista puede ser un peligro, aprovechan las jurisdicciones para presentar demandas por difamación. Creen que el dinero es el medio para acabar con dichas historias o disuadir al medio de seguir informando sobre un asunto en particular y en muchos casos estas demandas han resultado ser herramientas efectivas de censura.
Y, aunque en ocasiones estas acciones legales no tienen una base legal en sí mismas, el hecho de que se intenten llevar a cabo ya puede suponer una amenaza para el periodismo, porque significan un gran gasto económico por parte del medio para defenderse, un coste emocional alto para el periodista que cubre la noticia y además, pueden crear una mala reputación para dicho reportero o medio a los ojos del público.
Por otra parte, el creciente número de noticias falsas han llevado a varios gobiernos o incluso al Consejo de Europa a instaurar legislaciones que obstaculizan la labor de los periodistas bajo el pretexto de parar la difusión de fake news. El gobierno griego, por ejemplo, aprobó una ley contra las noticias falsas que se podría utilizar para criminalizar a los periodistas que no están de acuerdo con las acciones políticas de los gobernantes del país.
Hoy en día, tenemos el ejemplo de Rusia que, debido a su guerra contra Ucrania, ha instaurado una nueva ley que prohíbe a los periodistas hablar sobre la guerra bajo penas de cárcel de hasta 15 años, lo cual ha causado la desaparición de todos los medios independientes del país. El Kremlin justificó esta ley diciendo que no se trataba de una guerra sino de una “operación militar especial” y que no quería que los medios dieran informaciones falsas sobre el conflicto.
Parece ser que, a pesar de haberse instaurado varias medidas para asegurar la función del periodismo, los gobiernos y las instituciones internacionales aún tienen un largo camino para garantizar que los periodistas puedan ejercer de forma segura su profesión y que la libertad de prensa sea un derecho fundamental que no pueda ponerse nunca en duda.
