El CGPJ pone bajo lupa el anteproyecto que busca proteger el secreto periodístico y destaca las debilidades y riesgos legales que podrían afectar la libertad de prensa y la confianza en los periodistas
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizará un anteproyecto de ley sobre el secreto profesional de los periodistas. Este derecho protege tanto a los periodistas como a sus fuentes y es clave para garantizar un periodismo libre e independiente.
Un informe crítico, elaborado por las vocales Lucía Avilés e Isabel Revuelta, señala que la protección del anteproyecto es más débil que la actual. La principal preocupación es que las reformas podrían afectar la libertad de prensa.
El Pleno del CGPJ estudiará los problemas detectados y planteará objeciones para que el gobierno revise aspectos clave antes de enviar la ley al Congreso. Este órgano insiste en que la legislación debe ser clara, precisa y robusta para proteger el secreto profesional sin dejar dudas.
El informe indica que la ley vigente protege mejor el secreto profesional que el nuevo borrador. En especial, se critica una cláusula que limita la interrogación de periodistas solo a la identidad de las fuentes. Esta norma es ambigua y podría interpretarse de distintas formas.
Esta falta de claridad genera incertidumbre legal. Esto puede dar lugar a decisiones arbitrarias o desproporcionadas, afectando la labor periodística y el secreto de las fuentes.
Por ello, el CGPJ recomienda reformular el artículo para eliminar dudas. La ley debe dejar claros los derechos protegidos, los límites y los procedimientos para garantizar que el secreto profesional no se vulnere injustamente.
El Gabinete Técnico del CGPJ recuerda que el secreto de las fuentes es un derecho constitucional. Está respaldado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español. Es fundamental para garantizar la libertad de información y la transparencia democrática.
Sin embargo, el anteproyecto deja al juez decidir qué bienes o derechos justifican limitar el secreto profesional. Esto genera inseguridad, ya que no hay criterios claros ni principios sólidos para tomar decisiones. La ley debería definir con precisión cuándo se puede limitar el secreto profesional.
El análisis de la ley vigente muestra que, aunque tiene limitaciones, ofrece claridad para los periodistas. Establece cuándo se puede restringir el secreto y cómo resolver conflictos entre derechos constitucionales. El anteproyecto, en cambio, contiene cláusulas vagas y generales. Esto dificulta entender la ley y ejercer el derecho al secreto profesional.
Por eso, el CGPJ pide revisar a fondo el anteproyecto. La ley debería incluir definiciones precisas, límites claros y mecanismos que aseguren que cualquier restricción esté justificada. Así se protege a periodistas y fuentes de manera efectiva.
Una ley más clara mejora la seguridad jurídica y la confianza en la información pública. Las medidas restrictivas deberían ser excepcionales, proporcionales y controladas para evitar abusos. En resumen, el CGPJ defiende una ley equilibrada. El secreto profesional es esencial para un periodismo veraz y transparente, y garantizarlo es proteger un derecho constitucional en un Estado de derecho.
