El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno ha reabierto el dilema, ya enterrado entre los profesionales de la comunicación, sobre quién debe ejercer como periodista.
El texto que pasará a sometimiento ante la audiencia pública, define como profesional de la información o periodista a "aquellas personas físicas o jurídicas que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público a través de cualquier tipo de canal o medio de comunicación". Una definición que dentro de los colegios profesionales no ha terminado de calar.
En base a esta definición, cualquier persona que comunique a través de las redes sociales, consideradas un canal de comunicación, información que se pueda constatar como veraz, podría considerarse como periodista. Aunque lo cierto es que no lo es.
El debate sobre si los profesionales que ejercen el periodismo en este país tengan que tener el graduado en periodismo, por lo tanto, se reabre aun a pesar de que estaba enterrado. La proliferación de bulos, medias verdades, y desinformación ha propiciado que el Ejecutivo reabra la discusión sobre los estudios que deben poder corroborar todo aquel o aquella que quiera ejercer.
No obstante, desde la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) reclaman la necesidad, y por ende la obligación, de tener la titulación correspondiente para poder trabajar como periodista.
Por lo tanto, la definición de periodista según ATIC se diferencia en esencia de la que destaca el texto del anteproyecto de ley. Esta quedaría así: “persona que, contando con titulación universitaria específica en Periodismo o Comunicación (o equivalente), o amparada por la disposición transitoria prevista, investiga, contrasta, elabora y difunde información veraz de interés público mediante técnicas periodísticas, con sujeción a códigos deontológicos y, en su caso, a los regímenes de colegiación aplicables”.
Esta determinación de ATIC tiene dos objetivos claros: evitar el intrusismo laboral, cada vez más extendido; y evitar que el público tenga acceso al secreto profesional. Dos fines que en el anteproyecto de ley no solo no se consideran, sino que se vulneran, poniendo así en peligro el rigor periodístico, uno de los pilares fundamentales de la profesión.
En esta línea, los 9 colegios de periodismo que existen en España exigen también la necesidad de estar colegiados para poder actuar.
Reabrir este debate ha inquietado a más de uno. Actualmente hay decenas de ejemplos de profesionales que trabajan como si fueran periodistas sin los requisitos necesarios, por lo que, según lo que dicen los Colegios y ATIC, muchos profesionales, algunos de ellos directores de periódicos y medios de comunicación, quedarían fuera de sus actuales trabajos.
Aunque pueda sorprender, algunos de los ejemplos son: el actual director de El País, Jan Martínez Ahrens; Carlos Herrera, director de Herrera en Cope; Julia Otero, presentadora de Julia en la Onda; Carles Francino; o Ignacio Escolar, director de ElDiario.es.
De acuerdo con ATIC y los Colegios, Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha señalado que el debate es "interesante, urgente y necesario".
En cambio, para la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), no tiene sentido poner limitaciones a la difusión de la información. Así lo señaló la presidenta de APM, María Rey, quien indicó que ha tenido muchos compañeros que no eran periodistas propiamente dichos de los cuales ha aprendido "un montón".
Una opinión que el director del diario El Mundo, Jordi Juan, también sostiene, afirmando que expulsar a aquellos que no posean los estudios necesarios para practicar la profesión sería "ir en sentido opuesto a la marcha del planeta".
