La detención de Ekrem İmamoğlu y otros oficiales electos el pasado 23 de marzo bajo los cargos de presunta corrupción y vinculo al terrorismo, a horas antes de que el Partido Republicano del Pueblo (CHP) presentara la candidatura para las elecciones 2028, ha causado una gran revuelta en Turquía. Con más de 100.000 personas movilizándose a lo largo del territorio, el Consejo de Europa ha hecho un llamamiento al respeto de los derechos humanos, donde el uso desproporcionado de la fuerza por parte los cuerpos de seguridad y los principios qué jurídicamente vinculan a todos los Estados miembros han sido vulnerados.
El secretario general del Consejo Europeo, Alain Berset, ha señalado que los derechos deben “respetarse en la ley y en la práctica”. La presunción de inocencia, la protección de expresión política y el uso de la detención preventiva estrictamente como último recurso junto con el derecho a la protesta pacífica representan pilares del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto conlleva a que su debido respeto, seguimiento y correcto funcionamiento dan como resultado una garantía y preservación del Estado de derecho y de un sistema democrático justo y efectivo.
El pasado 13 de abril en su declaración, Alain Berset, ha mencionado que reiterará durante su próxima visita a Ankara la “importancia de que Turquía cumpla las obligaciones contraídas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, pero a su vez ha recordado que el “Consejo de Europa sigue siendo un socio estratégico, ofreciendo apoyo, consejo jurídico y un marco para salvaguardar la resiliencia democrática y el Estado de derecho”. En este contexto, el diálogo, la cooperación, el multilateralismo y el compromiso permanente del Consejo de Europa y de los homólogos turcos es esencial para salvaguardar los valores fundamentales de la organización, pero sobre todo para la protección y garantía de los derechos humanos fundamentales.
