AFP/ADEM ALTAN - Manifestación de varios periodistas turcos por el nuevo proyecto de ley en la capital el pasado 22 de junio
Este martes 4 de octubre comenzó a discutirse en el Parlamento turco un proyecto de ley sobre los medios de comunicación. Este proyecto viene de la mano del Partido de la Justicia y el Desarrollo y sus aliados del Partido de Acción Nacionalista, quienes presentaron un proyecto de ley para modificar el Código Penal y las leyes de prensa e Internet. En caso de que la ley fuese aprobada, la represión de la libertad de prensa que lleva tiempo latente en el país podría verse intensificada.
El debate sobre este proyecto de ley, que comenzó el martes por la noche, se cerrará a finales de esta semana. Los dos partidos al poder en Turquía han confirmado que planean aprobar los 40 artículos de la ley para este viernes. De momento, solo se han votado y aprobado los dos primeros, aunque el proyecto completo fue presentado en mayo y aprobado por la comisión parlamentaria en junio. Sin embargo, hemos tenido que esperar hasta esta misma semana para que el debate entrara dentro de la Gran Asamblea Nacional Turca.
En el caso de ser aprobada, la ley entraría en vigor si el presidente Recep Tayyip Erdoğan la firma en un plazo de 15 días. Esta modificaría el Código Penal (como se puede ver en el artículo 29), añadiendo al mismo un artículo que condena con entre uno a tres años de prisión a los encontrados culpables de "difundir información falsa para causar miedo, preocupación o pánico". Además, el artículo cuenta con una cláusula que aumenta el doble la pena concedida en los casos en los que la identidad del acusado haya sido ocultada o en los que se actúe en nombre de una organización criminal. Si los condenados son periodistas, adicionalmente se les retiraría su carné de prensa.
En ninguna parte del artículo se puede leer una definición de "información falsa o engañosa", y tampoco quién sería el encargado de tomar decisiones sobre el destino de los imputados en el crimen. Lo que sí que están reflejadas son las ampliaciones a las restricciones en materia de redes sociales ya impuestas en 2020. Esta ley exige desde ese año que las redes sociales que cuenten con usuarios con más de un millón de seguidores abran oficinas locales en Turquía y nombren a representantes en el país. Con el nuevo proyecto de ley, los términos se endurecen y los representantes deberán residir en Turquía, lo que podría hacerles más susceptibles a ser procesados por el Gobierno.
Las enmiendas propuestas también aportan más detalles a las obligaciones existentes de las empresas de medios sociales y facilitan a las autoridades turcas la retirada de contenidos de Internet. 28 de los 40 artículos del proyecto de ley introducen una nueva categoría para los periodistas que trabajan para los medios de comunicación en línea en Turquía, que actualmente no son reconocidos como miembros de los medios de comunicación en virtud de la Ley de Prensa, según la revisión del CPJ. Además, los medios de comunicación en línea serían reconocidos como medios de comunicación y podrían recibir fondos de publicidad del Gobierno, y los periodistas en línea tendrían derecho a una tarjeta de prensa, que conlleva beneficios como la jubilación anticipada y el transporte público gratuito o con descuento.
A pesar de estas nuevas regulaciones, los periodistas turcos no están conformes con el nuevo proyecto de ley, y así lo han mostrado en las calles. Desde el comienzo del debate de la "ley de la desinformación", cientos de periodistas se han reunido a lo largo de Turquía para realizar movilizaciones sociales para protestar contra su aprobación. En una de sus pancartas, podíamos leer "¡No a la ley del silencio, la intimidación y el encarcelamiento! La prensa es libre, no puede ser censurada".
Özge Yurttaş, presidente del Sindicato de Prensa DİSK, dijo en la manifestación convocada el 21 de junio que "la prensa libre es una necesidad para un país libre. La prensa organizada y la sociedad organizada es una necesidad para la prensa libre. Está a la orden del día una propuesta de ley que va a juzgar a cualquiera. Esta ley pretende suprimir por completo el periodismo y silenciar no sólo a los disidentes del Gobierno, sino a todos los que no apoyan al Gobierno. Seguiremos defendiendo la libertad de prensa y de expresión".
Además, Uğur Güç, representante de la Asociación de Periodistas Contemporáneos (ÇGD), también recalcó: "Ya han empezado a encarcelar a los periodistas", refiriéndose a las detenciones en Diyarbakır.
Banu Tuna, presidenta en Estambul del Sindicato de Periodistas de Turquía (TGS), calificó el proyecto de ley como un intento de silenciar a los periodistas. Desde el sindicato saben que esta ley no haría más que reprimir a todos los sectores disidentes de la sociedad, incluyendo a periodistas que intenten denunciar situaciones de injusticia y de crímenes cometidos en gran medida por el Gobierno.
Huseyin Yayman, legislador del AKP que preside la Comisión Parlamentaria de Medios Digitales, desestimó las preocupaciones de los críticos, diciendo que el objetivo era proteger a todos de las falsas acusaciones en las redes sociales. Sin embargo, para la mayoría de periodistas y ciudadanos de a pie turcos, la ley quita más derechos de los que ofrece y solo fue creada para dar una sensación de falsa seguridad a la población.
22 grupos internacionales defensores de la libertad de prensa (entre los que se encuentra la Asociación de Periodistas Europeos) piden a los parlamentarios que voten en contra de este proyecto de ley. Sus quejas se han hecho oír a través de un documento firmado por el Instituto Internacional de Prensa.
Un consorcio de organizaciones de defensa de la libertad de los medios de comunicación y de los derechos humanos visitará Turquía del 12 al 14 de octubre. Durante su estancia, dialogarán con políticos y responsables de medios de comunicación sobre las consecuencias de esta nueva ley. Los periodistas independientes son los que más riesgos pueden correr a la hora de informar sobre asuntos públicos o políticos.
Según el ranking de 2022 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Turquía se sitúa en el puesto 149 de 180 en cuanto a libertad de prensa se refiere, calificando su situación como "difícil". Puedes leer el informe que hizo esta ONG sobre la censura y represión periodística en Turquía aquí. Todos estos datos nos indican que la lucha contra el silencio forzado a los periodistas no es algo que haya comenzado con este proyecto de ley. La historia de la represión viene de años atrás, y su futuro dependerá en buena parte de la decisión del Parlamento a finales de semana.
