La XXII Jornada Nacional de Periodismo organizada por la Asociación de Periodistas Europeos (APE) congregó en la sede de la Fundación Diario Madrid a dos centenares de periodistas procedentes de toda España, para debatir también sobre los usos y abusos de la profesión periodística, las dificultades a las que se enfrenta y los errores en los que incurre.
Durante su intervención, Miguel Ángel Aguilar, secretario general de esta organización, señaló que “en la APE tenemos aprendido que sin libertades es imposible la existencia del periodismo, que quedaría en la clandestinidad o reducido a mera propaganda. Pero sucede también a la inversa, que las libertades se verían afectadas si no existiera periodismo independiente, crítico y veraz, ya que las libertades no se conquistan de una vez para siempre, sino que están sometidas a un proceso de erosión permanente, por lo que requieren atención y vigilancia para que conserven su vigencia”.
La primera mesa redonda de la Jornada contó con el título genérico de “Quien define, manda” y en ella participaron Diego Garrocho, profesor de la UAM; Vicente Vallés, director y presentador de Las Noticias2 en Antena3; Fernando González Urbaneja, presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo; y Anabel Díez, periodista de El País y presidente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. El moderador fue Rafa Latorre, director de La Brújula (Onda Cero).
El nuevo Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) está destinado a proteger la independencia de los medios de comunicación y el periodismo, garantizando la transparencia de la propiedad y la financiación, así como salvaguardando a los periodistas de injerencias, espionaje y la eliminación injustificada de contenidos por parte de las plataformas digitales. Sin embargo, queda la tarea pediente de definir quién es periodista y quién no lo es, y a quién atañe, por lo tanto, normativas como la incluida en el anteproyecto de ley orgánica del secreto profesional de los periodistas.
“En esa definición -dice Garrocho- también se vendrá a incluir la capacidad decisoria de definir lo que es o no verdad, y ello significará un poder de soberanía indiscutible”. Sería, pues, absolutamente pernicioso que tal poder recayese solamente en un político partidista. Vicente Vallés se pronunció porque este oficio fuera reconocido como abierto, en referencia a los requisitos y exigencias de titulación específicos. Asimismo, Vallés instó a que, en el ejercicio de la profesión, “pueda diferenciarse claramente a un periodista de un activista [político]”.
Fernando G. Urbaneja recogió el guante lanzado por Anabel Díez de que “ya no hay periodismo reposado”, en alusión a las prisas en la redacción por ser el primero en publicar “la noticia”. Urbaneja estima, en cambio, que “en las redacciones actuales se ha perdido nervio porque muchos directores han dejado de ejercer su papel de ser promotores de la insurgencia de los redactores, y por tanto de la discrepancia y la discusión, de las que surgen las grandes ideas”.
La Jornada incluyó también un intenso debate sobre las subvenciones a los medios, en el que participaron José Antonio Zarzalejos, presidente del Consejo Editorial de El Confidencial; Julián Quirós, director de ABC; y Encarna Samitier, presidente de 20 Minutos, con Pilar Velasco, directora de Demócrata, como moderadora.
En palabras de Zarzalejos, “el dinero del poder político es tóxico. Los medios de información no pueden ser comparados con los demás servicios porque ellos mismos forman parte del sistema político”.
A su juicio, Donald Trump y el trumpismo han venido para demostrar que los medios de información son prescindibles, y que la comunicación política puede hacerse directamente, sin intermediarios. “En España, sin embargo, además de las debilidades financieras de los medios privados por su modelo de negocio, éstos tienen un adversario letal en los medios públicos -televisiones y radios nacionales y autonómicas- , que se financian con pólvora de rey, es decir con los impuestos y el dinero de todos los españoles, pero no para cumplir un servicio público esencial, como pregonan, sino para ocupar espacios de espectáculo y entretenimiento sin límite de gasto, que siempre terminan cubriendo los gobiernos, de la nación o de las comunidades autónomas, o sea los mismos contribuyentes”.
Encarna Samitier señaló el punto de inflexión de la decadencia del negocio periodístico en la crisis económica y financiera de 2008, momento en el que, a fin de paliarla, apareció la denominada publicidad institucional. A este respecto, el director de ABC calificó de “derrota de la profesión periodística que hayamos asumido que la publicidad institucional sea ante la opinión pública sinónimo de subvención encubierta, cuando aquella es un servicio de información de interés publico por el que se paga, igual que por multitud de avisos e información específica a sectores de la población”.
